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"Es un intento parcial por rectificar. Pero el daño ya está hecho porque las primeras dos sentencias no debieron haber ocurrido nunca. Además, aún siguen intactas cláusulas que son igual de preocupantes".
Esa es la opinión, desde Venezuela, del politólogo John Magdaleno, quien considera que los dos fallos emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el sábado no despejan el intento de esa institución por "usurpar" las funciones de la Asamblea Nacional (AN).
Y es que en las dos decisiones del sábado, el máximo tribunal del país suprimió algunos aspectos de las dos polémicas sentencias que esta semana provocaron la condena de varios sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional.
El rechazo se debió a que el TSJ decidió asumir las competencias correspondientes a la AN, otorgarle poderes especiales al presidente, Nicolás Maduro, y despojar a los parlamentarios de su inmunidad.
En uno de los fallos de este sábado, la Sala Constitucional hizo una aclaratoria sobre una de las sentencias y suprimió el punto "referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho".
Las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo ha disuelto o anulado
De esa manera, el máximo tribunal de Venezuela le está restituyendo a la AN sus funciones.
"(Le está devolviendo) esas competencias naturales que se había arrogado la Sala Constitucional, en lo que significaba una disolución virtual del parlamento como una institución democrática de Venezuela", le indica a BBC Mundo José Vicente Haro, abogado experto en Derecho Constitucional.
"Retroceso parcial"
Para el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, las dos sentencias del sábado muestran "un retroceso parcial y no total" en la estrategia de "aislar a la Asamblea Nacional".
Pues, explica en conversación con BBC Mundo, el resto de los dos polémicos fallos sigue en pie. Sólo se eliminaron algunos de los efectos que pueden resultar más controversiales.
Alarcón cuestiona que el presidente Maduro haya convocado a un Consejo de Defensa para pedirle al TSJ revisar las polémicas sentencias.
Para Magdaleno, "lo que buscó hacer el Ejecutivo, tras la convocatoria del Consejo de Defensa, es intentar reparar el daño que pudieron haber causado en la institucionalidad pública las dos sentencias, pero la realidad es que la división de poderes en Venezuela es muy tenue".
"Facultades extraordinarias" eliminadas
En otro de los fallos del sábado, el 157, esa organización hace referencia a la inmunidad de los parlamentarios así como también a lo que Haro califica como las "facultades extraordinarias, ilimitadas" y "sin antecedentes en la historia republicana de Venezuela" que el TSJ le adjudicó a Maduro en una de las polémicas fallas.
"Se Aclara de Oficio la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime la cautelar 5.1.1 de dicho fallo", indica la Sala Constitucional.
La cautelar 5.1.1. a la que hace mención es organismo y la cual suprimió, le ordenaba al presidente de Venezuela que "proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional".
Y es que, según le dijo Haro a BBC Mundo, lo único que hace el fallo del sábado que aclara la sentencia 155 es suprimir "el punto en el que se le daban al presidente estas amplias potestades a nivel internacional y nacional para atender una supuesta situación de conmoción y para asumir facultades extraordinarias de diferentes tipos".
Y ¿la inmunidad parlamentaria?
Dos días antes de que el TSJ emitiera el fallo en el que se abroga oficialmente las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, el organismo publicó una sentencia relacionada en la que establecía que desconocía la inmunidad parlamentaria de los diputados de la AN, ya que la misma "sólo ampara (…) los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales".
Aunque en uno de los fallos aclaratorios del sábado, la Sala Constitucional reconoce la inmunidad parlamentaria y parece restituirla, expertos como Haro no se muestran tan optimistas.
(El TSJ) reconoce la inmunidad parlamentaria como una garantía de la función legislativa, con las limitaciones que establece el texto constitucional
"Lo que es propiamente la inmunidad parlamentaria como mecanismo de protección de los parlamentarios es algo que ha sido atacado por la Sala Constitucional no solo en esta sentencia (155), sino en más de 54 decisiones en las que la ha restringido", señala Haro.
Por eso, para el profesor de la Universidad Central de Venezuela, el fallo del sábado no necesariamente significa que en la práctica se vaya a restituir la inmunidad parlamentaria.
"Teóricamente el TSJ les devuelve la inmunidad a los legisladores. Habrá que ver si eso se traduce en acciones concretas", añadió Haro.
TSJ: "no despojamos al parlamento de sus funciones"
En un comunicado emitido por la junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia el sábado, ese organismo afirma que con sus sentencias no despojó a la AN de sus atribuciones.
"Es sólo responsabilidad del órgano legislativo reasumir el válido ejercicio, legal y legítimo, de sus competencias constitucionales, al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho".
El TSJ asegura en el texto que tomó en consideración la exhortación hecha por el Consejo de Defensa y procedió a revisar las polémicas decisiones 155 y 156.
"(…) en tal sentido, hoy son públicas y notorias sendas sentencias aclaratorias que permiten sumar en lo didáctico y expresar cabalmente el espíritu democrático constitucional que sirve de fundamento a las decisiones de este Máximo Tribunal".
Así mismo el TSJ, señala que el "Poder Judicial no demostrará pasividad ante los ataques de los cuales pudiéramos ser objeto por parte de factores nacionales e internacionales, que hoy se alzan con una vocería tendenciosa y desconocedora de la soberanía".
Lo que dice la oposición
La oposición, sin embargo, sigue rechazando las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, y -a pesar de las rectificaciones- insisten en que hubo un "golpe de Estado" .
Julio Borges, quien en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional debió haber participado en la reunión del Consejo de Defensa, pero se negó, aseguró este sábado que los magistrados deben ser destituidos por sus acciones contra el Parlamento.
Henrique Capriles, gobernador del estado Miranda, expresó que las sentencias deben anularse en su totalidad.
A través de su cuenta en Twitter, Capriles indicó que "con 'aclaratorias' no está resuelto el golpe de Estado, ni han solucionado nada. Deben anularse las sentencias, respetarse la Constitución y garantizar el funcionamiento de la Asamblea".
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Quiénes son y por qué causan tanta controversia los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
"Ellos se escogieron a ellos mismos. A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos".
Con esas palabras destacaba Julio Borges, el opositor presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, lo controvertido de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que tachó de "golpe de Estado".
Era miércoles y el TSJ acababa de advertir que asumía las competencias correspondientes a la institución que encabeza Borges, al considerarla en "desacato".
Fue el último episodio del choque institucional que empezó en diciembre de 2015, poco después de que la oposición ganara las elecciones parlamentarias y pasara a tener el control de la AN por primera vez desde que el ya difunto Hugo Chávez llegara al poder en 1999.
La oposición venezolana pronto tachó el movimiento de "golpe de Estado" y la Organización de Estados Americanos (OEA) de "autogolpe", varios países en la región mostraron su "preocupación", y Perú decidió retirar a su embajador por considerar que hubo una "ruptura del orden democrático".
Pero hace meses que la oposición considera al TSJ cooptado por el oficialismo. Te contamos por qué.
Máximo órgano judicial
En diciembre de 2015, la oposición obtuvo una contundente victoria en las elecciones parlamentarias que le daba el control del Legislativo a partir del 5 de enero.
Pero entre los comicios y la toma de posesión de los nuevos diputados, la mayoría chavista saliente aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados y 21 suplentes del TSJ (que ahora cuenta con 32) para 12 años.
La medida levantó enorme polémica sobre todo por la militancia política oficialista de algunos de los nuevos magistrados. La oposición denunció entonces que el gobierno de Maduro buscaba blindar el poder judicial.
Pero la Asamblea —entonces chavista—, respondió que, según lo que le concede la Constitución, estaba "en pleno ejercicio de sus potestades" y debía continuar "ejerciendo las atribuciones que le son propias hasta el día inmediatamente anterior al que se instale una nueva"; esto es, hasta el 4 de enero de 2016.
Más adelante, una comisión parlamentaria presentó un informe en el que detallaba 17 irregularidades que, según los diputados, se había dado durante el proceso de selección y solicitó que se revocara el nombramiento.
Pero el 1 de marzo de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resolvió que la nueva Asamblea Nacional —con mayoría opositora— no podía revocar el nombramiento de los 13 magistrados.
Los 13
Así, los 13 magistrados de la discordia continúan siendo miembros del TSJ, aunque la oposición sigue denunciando que algunos de ellos no cuentan con las credenciales requeridas para el cargo.
Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tal como se detalla en el sitio en internet del organismo, para ser magistrado se requiere, además de tener nacionalidad venezolana y ninguna otra, y de ser "ciudadano de reconocida honorabilidad":
- Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de 15 años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica.
- O haber sido profesor universitario en ciencia jurídica durante un mínimo de 15 años y tener categoría de profesor o profesor titular.
- O ser o haber sido juez superior en especialidad correspondiente a la sala para la cual se postula, con un mínimo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
Sin embargo, uno de los nuevos magistrados que según la oposición no cumple con esos requerimientos es Calixto Ortega.
Éste fue diputado de la Asamblea Nacional entre 2000 y 2005 por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, el partido del gobierno) y fue electo de nuevo como diputado suplente en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, antes ser nombrado para la sala constitucional del TSJ. En 2013, fue encargado de negocios en EE.UU., donde Venezuela no tiene embajador.
Presidente polémico
Aunque quizá el miembro más polémico del Tribunal sea el que desde febrero de este año es su presidente, Maikel Moreno.
Se licenció como abogado por la Universidad Santa María en 1995 y es doctor en derecho constitucional por ese mismo centro de estudios desde 2014.
Así, el 28 de diciembre de ese mismo año la Asamblea lo juramentó como magistrado de la sala de casación penal del TSJ. Y el 11 de febrero de 2015 fue electo como primer vicepresidente del organismo.
Y el nombramiento llegó envuelto en la polémica, debido a su pasado.
Moreno fue acusado del asesinato de una mujer en Bolívar, estado del sur de Venezuela, mientras trabajaba como miembro de la policía política, hoy el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y pasó por ello dos años en la cárcel.
Tras conseguir el beneficio procesal y reincorporarse al cuerpo policial, fue relacionado con la muerte de Rubén Gil Márquez en un tiroteo en 1989, aunque fue exculpado.
Y también fue desestimada la acusación vertida por el exmagistrado chavista Luis Velásquez Alvaray, quien lo señaló en 2007 de formar parte de la denominada Banda de los Enanos, una organización que supuestamente opera en el sistema judicial y ha sido mencionada en varios casos de corrupción.
"En Venezuela hay 98% de impunidad y el año pasado asesinaron a 28.000 venezolanos. La respuesta del presidente Nicolás Maduro frente a esta tragedia es nombrar en el TSJ a Moreno, quien fue encontrado culpable en la muerte de Rubén Gil Márquez en 1989. ¿En manos de quién está la justicia en Venezuela?", exclamó en febrero el diputado Juan Miguel Matheus, responsable de la Comisión de Régimen Político y Administración de Justicia del Poder Legislativo.
Ante lo que Moreno se defendió en el programa del ex vicepresidente José Vicente Rangel de la cadena local Televen: "Los magistrados del TSJ estamos haciendo que la Constitución y las leyes se respeten en el país. El TSJ es vigilante y garante de la paz y la seguridad de los venezolanos".
Sea como sea, el organismo que preside comunicó el miércoles cuál es el nuevo estado de cosas en Venezuela.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta sala constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el estado de derecho", se lee en la sentencia.
Competencias, propias y adquiridas
Según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, su sala constitucional tiene 23 competencias, entre las cuales están:
- Declarar nulas las leyes nacionales que choquen con la Constitución.
- Declarar nulas las constituciones estatales que choquen con la Constitución de la República.
- Declarar nulas las órdenes dictadas por el Ejecutivo y que choquen con la Constitución.
- Verificar si los tratados internacionales a los que se suscriba Venezuela están en conformidad con lo que dice la Constitución.
- Revisar la constitucionalidad de los decretos emitidos por el presidente para que se declare el estado de excepción.
Y de acuerdo a la sentencia emitida el miércoles, ahora el TSJ hará suyas las 24 funciones que el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga a la Asamblea, entre las cuales se encuentran:
- Legislar en materia de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional
- Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos establecidos en ésta
- Decretar amnistías
- Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público
- Autorizar que el Ejecutivo firme contratos de interés nacional
- Autorizar que el Ejecutivo enajene bienes inmuebles privados
Ante esto, los diputados opositores denuncian que es la primera vez que el más alto tribunal de Venezuela se atribuye la capacidad de hacer leyes, no sólo de pararlas.
"Esta no es una sentencia más, es una sentencia que marca un punto de no retorno de la dictadura que requiere iniciar un nuevo proceso de movilización y resistencia para enfrentar esta arremetida", dijo Freddy Guevara, diputado de Voluntad Popular, uno de los partidos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática.
Sin embargo, el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, considera que el fallo de la Sala Constitucional no afecta en nada el ya diezmado poder que ha tenido el Parlamento venezolano desde su instauración en enero de 2016.
"Desde hace mucho rato, la Asamblea no ha tenido poder real para cumplir sus funciones. Sus competencias han sido completamente tomadas por el Tribunal. Se trata de una acción de facto que evolucionó a una acción explícita, donde el TSJ se evita la molestia de tomar decisiones individuales y asume todas las funciones directamente", opina el analista.
"No pasa nada en términos empíricos, sino simbólicos".
Y sin embargo, el Tribunal vuelve a situarse en el centro de la polémica.
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Qué son las empresas petroleras mixtas para las que el gobierno de Venezuela tiene luz verde por el fallo del Tribunal Supremo :
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional controlada por la oposición es un capítulo más en la polarizada controversia política de ese país. Pero también tiene un importante trasfondo económico.
Precisamente, el polémico fallo en el que el tribunal se asigna las competencias del órgano legislativo tiene que ver con las llamadas empresas petroleras mixtas, en las que tienen participación el Estado venezolano y empresas privadas o estatales extranjeras.
El alto tribunal, controlado por magistrados que son vistos como cercanos al gobierno, dictaminó que ya no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional para las decisiones relativas a esas compañías, que juegan un papel clave en el sector petrolero.
El TSJ alega que el parlamento se encuentra "en desacato" por rechazar decisiones anteriores del mismo tribunal.
"Arrinconado"
Jose Manuel Puente, economista venezolano y profesor de Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas, asegura que la decisión del tribunal frente a la Asamblea es parte de "la respuesta a la crisis de un gobierno arrinconado" y "radicalizado", como describe a lla gestión del presidente Nicolás Maduro.
En la década pasada, durante el gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez, Venezuela decidió canalizar la inversión extranjera en el petróleo hacia la creación de estas "empresas mixtas" con participación del Estado.
"Venezuela hace años ha buscado sin suerte mejorar la producción petrolera con nuevas inversiones mediante las empresas mixtas", advierte Puente.
"Pero en los últimos años no ha habido una mejoría en la producción del petróleo, sino todo lo contrario".
Algunos ven en la movida del TSJ contra la legislatura como un mecanismo para facilitarle al gobierno la aprobación de nuevas empresas mixtas, atrayendo capital sin necesidad de esperar al visto bueno de una Asamblea Nacional opositora, que puede obstaculizar iniciativas de Maduro.
En declaraciones a BBC Mundo, el economista Puente, frecuente crítico del chavismo, asegura: "También se habla que parte de la decisión del tribunal tiene que ver con facilitar al gobierno obtener nuevos créditos externos sin la aprobación de la Asamblea".
Sin embargo, según su criterio, la decisión del TSJ de adueñarse de las potestades del Poder Legislativo es, ante todo, un acto político.
"Es un golpe de Estado", no duda en señalar Puente.
No está claro el impacto que tendrá la medida en el sector económico.
Según la agencia de noticias Reuters, la medida del Tribunal Supremo puede llegar a ser una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el parlamento no serían válidos.
El gigante ruso Rosneft
En medio de una profunda crisis económica, Venezuela busca recaudar fondos para pagar su pesada deuda externa y una de las vías es la venta de su parte en diversos yacimientos.
La estatal petrolera PDVSA ofreció recientemente a la rusa Rosneft una participación de 10% en la empresa conjunta Petropiar, dice Reuters.
Esa compañía mixta que por el momento tiene un 70% de capital de la estatal PDVSA y un 30% de la estadounidense Chevron.
Rosneft además tiene intereses en la llamada Franja del Orinoco, una zona de producción de crudos pesados que hace pocos años era vista como una de las mas promisorias para la producción petrolera.
Pero poco tiempo después de conocerse la iniciativa de ofrecer participación a Rosneft en Petropiar, el legislador opositor José Guerra compuso un mensaje en Twitter advirtiendo que cualquier negocio semejante debería contar con la aprobación de la legislatura.
El año pasado, la Asamblea también había criticado otra anunciada inversión de Rosneft en Petromonagas, otra de las empresas mixtas establecidas para explotar el petróleo venezolano.
Y este 18 de marzo, según informa el diario caraqueño El Nacional, una subcomisión de la Asamblea Nacional había anunciado una investigación sobre ese negocio.
Algunos legisladores opositores denunciaron que los términos ofrecidos a Rosneft en Petromonagas habían sido demasiado favorables a la firma rusa.
En ese sentido, quitarle a la Asamblea la potestad de aprobar estas nuevas iniciativas petroleras puede hacer más expeditiva su concreción y así facilitarle al gobierno la recaudación de fondos que necesita de manera urgente.
Sin embargo, Puente dice que, pese a cualquier posible impacto temporal, la medida del TSJ "ha metido a Venezuela en un gran problema".
"Estamos en una situación en que el Tribunal de Justicia ha decretado en el último año y medio 47 sentencias contra la Asamblea Nacional, sin dejarla operar".
"Para el gobierno va a ser peor el remedio que la enfermedad", advierte.
Estabilidad
En todo el mundo, las empresas petroleras tienen una reconocida tolerancia a operar en condiciones políticas turbulentas.
Pero muchos expertos advierten que uno de los criterios fundamentales para atraer inversión privada extranjera consiste en brindar estabilidad jurídica. Es decir, la expectativa que tienen los inversionistas privados que las reglas del juego que determinan su negocio no serán cambiadas de manera arbitraria.
Una situación que puede ser más difícil de mantener si, como advierten los críticos, los últimos desarrollos están concentrando más poder en el gobierno y socavando el papel de entidades que podrían fiscalizarlo, como la legislatura.
De cumplirse ese presagio, el gobierno de Nicolás Maduro podría tener más discreción para concretar esas inversiones ahora que no tiene que pedirle permiso a la Asamblea Nacional.
Pero la pregunta es si, en esas condiciones, habrá muchos más inversionistas interesados en comprometer sus capitales en Venezuela.
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Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dice que sentencias del Tribunal Supremo sobre la Asamblea Nacional violan el orden constitucional :
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este viernes que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de su país de asumir las funciones del legislativo constituye una "ruptura del orden constitucional".
"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Ortega Díaz durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público.
Ortega Díaz es la más alta funcionaria del Estado venezolano en criticar el fallo del TSJ en el que advertía que asumiría las competencias de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición desde las elecciones de diciembre de 2015.
La oposición tachó la decisión de un "golpe de Estado" al tiempo que gobiernos de la región expresaron su "preocupación" y Perú incluso retiró su embajador de forma "definitiva".
Panamá, México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile, al igual que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), también se sumaron a las críticas.
El gobierno de Nicolás Maduro respondió con un comunicado en el que afirmó: "Los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista de la Región, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadounidenses, mediante falsedades e ignominias pretenden atentar contra el Estado de Derecho en Venezuela y su orden constitucional".
"Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos. Los motiva la venganza y la intolerancia político-ideológica contra la sólida y vigorosa democracia venezolana y su modelo inclusivo de derechos humanos", prosigue la declaración.
Posteriormente, en una aparición en televisión, Maduro dijo que en Venezuela "la única ruptura del orden constitucional la encabezó y la protagonizó la derecha fascista que controla la Asamblea Nacional, el 11, 12 y 13 de abril del año 2002".
El mandatario anunció que él resolvería este mismo viernes el "impasse" surgido entre la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual convocaría a una reunión del Consejo de Defensa Nacional.
"Preocupación"
Pero Ortega, en una aparente muestra de discrepancia con el tono del discurso oficial, consideró: "Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento".
"Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y de rescate de la pluralidad", agregó.
Hasta ahora, Ortega es considerada pieza clave del entramado del altos funcionarios afines de los que se vale el gobierno, según denuncian los críticos, para controlar el sistema de justicia del país.
La funcionaria, que trabaja en el Ministerio Público en el año 2002, fue nombrada en el cargo por primera vez en el año 2007, cuando el chavismo tenía control de la Asamblea Nacional, en la que la oposición no tenía presencia por haber boicoteado las elecciones.
Posteriormente, fue ratificada en el cargo en 2014 por un nuevo Parlamento en el que el chavismo pese a ser mayoría no tenía la mayoría absoluta de dos tercios, lo que generó protestas de la oposición que consideraba que el nombramiento constituía "un abuso a la Constitución".
"Un paso adelante"
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, valoró las críticas de Ortega a las sentencias del TSJ.
"El paso que ha dado, de hacer valer los valores de la Constitución, el mundo se lo reconoce. Y a todas las instituciones del país (…) y a todos los venezolanos que tienen un cargo de responsabilidad, le hacemos un llamado en el mismo tenor, este es el momento de obedecer las órdenes de la conciencia, este es el momento de obedecer los valores de Venezuela", dijo.
Borges también hizo un llamado al estamento militar: "Es tan importante que nuestra Fuerza Armada no sienta que hay un conflicto entre seguir unas órdenes y obedecer la Constitución".
Señaló que los venezolanos "tienen una lupa puesta en la Fuerza Armada esperando que la lealtad sea a la Constitución y a la libertad".
Por su parte, el antecesor de Borges al frente de la AN, el también opositor Henry Ramos Allup, dijo que las afirmaciones de Ortega son un "paso adelante".
"La declaraciones dadas por la Fiscal General de la República señalando las aberradas sentencias y calificándolas como una ruptura del orden constitucional significan un paso adelante de una institución que no quiere prestarse a las violaciones de la Constitución", dijo Ramos según reseñó la emisora Unión Radio.
"Exactamente a eso es lo que estamos apuntando, a que no se quebrante el orden constitucional, a que no se rompa, que se respete la separación de poderes, a que no se persiga a nadie por sus ideas, a que se permitan las elecciones", apuntó.
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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