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https://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
WIKIPEDIA.
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La escalada de tensiones entre los gobiernos de España y de Cataluña llegaron a un punto crítico.
Madrid considera que el referéndum por la independencia es ilegal, pero el gobierno catalán asegura que lo llevará a cabo este 1 de octubre.
¿Cuáles son los argumentos que esgrimen unos y otros? ¿Por qué el gobierno español lo considera ilegal? ¿Qué razones dan los independentistas catalanes?
Carol Olona, de BBC Mundo, te explica las claves para entender este conflicto entre España y Cataluña.
La batalla de España para tratar de frenar el referéndum por la independencia de Cataluña
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"La consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar en ningún caso".
Eso dice el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, del referéndum por la independencia de Cataluña que las autoridades regionales convocaron para el 1 de octubre.
Y ante la desobediencia de la Generalitat (gobierno regional) y su intención de seguir adelante con el plan, el Ejecutivo central está librando una batalla para poder frenar la consulta, mientras la tensión escala a unos niveles inéditos desde que España estrenó su democracia hace cuatro décadas.
Pero ¿qué medidas está tomando ya el gobierno de España y qué otras herramientas le quedan?
"Vulnera la Constitución"
Desde el primer momento en el que se conoció la idea del ejecutivo catalán, desde Madrid el gobierno se opuso, por considerar que vulnera la Constitución, y advirtió a la región que tomaría medidas legales si continuaba con su propósito.
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Las autoridades de Cataluña lo desoyeron y este mes el Parlamento regional, en el que la mayoría de los partidos representados apoya la independencia, aprobó dos leyes para amparar la consulta y establecer una especie de hoja de ruta para una Cataluña independiente.
El 6 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó oficialmente la votación popular en la que pretende preguntar a sus ciudadanos: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".
Y el gobierno de Rajoy denunció la acción ante los tribunales, que le dieron la razón.
Prohibición, arrestos y más policía
El 7 de septiembre, el Tribunal Constitucional, por unanimidad y con carácter de urgencia, prohibió la consulta al considerar que viola la Carta Magna.
El artículo 1 de la propia Constitución (aprobada en 1978) establece que la "soberanía nacional reside en el pueblo español", por lo que una parte de él no puede decidir por todos.
Además, en el segundo artículo señala que la propia Constitución "se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".
El texto regula además que los referéndums solo los puede convocar el Rey a propuesta del gobierno y con autorización del legislativo, y no recoge el derecho de secesión.
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Sin embargo, el gobierno catalán no reconoció la decisión del Tribunal Constitucional y continuó con los preparativos para la consulta.
Ante esto, Madrid amenazó con recurrir a "todas las herramientas" que le permite la Justicia para frenarla.Independencia
Primero, el 15 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó medidas adicionales de control de las cuentas de la Generalitat para impedir que se desvíen fondos a la votación popular, en respuesta a la negativa de Puigdemont a remitir los certificados semanales que le requiere el Ministerio de Hacienda.
"Esta medida se ha tomado para que ningún euro vaya a financiar ninguna actividad ilegal", zanjó el titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Y esta semana, por orden judicial, la Guardia Civil -policía militarizada dependiente del gobierno central- llevó a cabo en Cataluña incautaciones de urnas de y papeletas para desmontar el referéndum.
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El Ministerio del Interior reforzó asimismo la presencia policial. Tres grandes cruceros atracados en puertos catalanes albergan a unos 6.000 agentes a falta de otro alojamiento en Barcelona para todos ellos y por las tensiones que se dieron entre algunos de los hospedados en los pueblos aledaños.
También se llevaron a cabo más de 400 registros y el 20 de septiembre se detuvo a empresarios y a 14 funcionarios relacionados con la organización de la consulta, entre ellos varios altos cargos del gobierno regional.
"Opción abierta"
Todo ello provocó movilizaciones multitudinarias en rechazo a la operación policial y para reivindicar el derecho a "votar" en un referéndum que la justicia española considera ilegal.
JOSEP LAGO / REUTERS
"Nuestra posición, aunque no se comparta, la hemos intentado defender apelando al diálogo. Rajoy me ha dicho que no quiere ni hablar. Esto no es aceptable en democracia", dijo el 24 de septiembre Puigdemont en una entrevista dada al programa Salvados de la cadena española La Sexta.
Ya en un discurso anterior había asegurado que la consulta se celebrará "con todas las garantías" y agregó: "Las urnas son para todos, para los que quieren una Cataluña independiente y para los que legítimamente quieren seguir formando parte de España".
Arrestar al líder catalán podría ser otra de las medidas a tomar para tratar de frenar el referéndum.
Ya José Manuel Maza, el fiscal general del Estado -nombrado por el gobierno español en 2016-, advirtió en unas declaraciones a la radio Onda Cero el 25 de septiembre que, aunque de momento no haya considerado "oportuno" solicitar su detención, la opción sigue "abierta".
El fiscal general recalcó que la Fiscalía está "convencida" de que Puigdemont está incurriendo en los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los preparativos del referéndum en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional.
Y explicó que, al estar tipificado el delito de malversación con penas de cárcel, legalmente se dan los requisitos para solicitar su detención. "Aunque eso no quiera decir que se pida o no".
Artículo 155
Rajoy ya dijo que no piensa "renunciar a nada" para impedir que se coloquen las urnas el 1 de octubre.
Y aunque su gobierno no lo haya mencionado de forma explícita, no son pocos los que señalan que eso incluye la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.
Esta da luz verde al Ejecutivo, previa autorización del Senado, para "adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la ley", si esta "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España".
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Por el momento, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular (PP), Pablo Casado, aseguró que a Rajoy "no le gustaría" aplicar mecanismos legales como el artículo 155, porque supondría que la Generalitat "ha llegado demasiado lejos".
Aunque subrayó que si las autoridades catalanas siguen "en la deriva suicida, tendrán la respuesta correspondiente que está en la ley".
Hasta el momento ningún gobierno ha invocado dicho artículo, por lo que, como dijo Rafael Calduch, el diputado el Congreso español por el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD), sus consecuencias son "desconocidas" y "se pueden prever hasta cierto límite".
Varios expertos consideran que su invocación podría suponer la asunción temporalmente de algunas o todas las competencias de una comunidad autónoma por parte del gobierno central.
Aunque otros rechazan que el Ejecutivo pueda valerse de esta herramienta, ya que por el proceso que implica, su aplicación requeriría de varios días.
DAVID RAMOS / GETTY IMAGES
Esto deja muchas preguntas sobre cómo logrará el gobierno español aplicar las resoluciones judiciales en una comunidad autónoma cuyas autoridades se han declarado en desobediencia abierta.
Interrogantes que se suman a otras que envuelven desde el principio el plan del referéndum, como por ejemplo: ¿Podrá llevarse a cabo finalmente? ¿Si se hace, con qué porcentaje de participación se dará por válido? ¿Si la mayoría vota a favor de la independencia, habrá una proclamación unilateral? ¿Entonces, lo reconocerá algún país?
Mientras todo eso se aclara, en Cataluña coexisten hoy dos realidades legales diferentes.
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España: 5 claves para entender la tensión que se vive en Cataluña por el referendo de independencia del 1º de octubre
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Decenas de miles de catalanes se han movilizado en los últimos días de cara al referendo sobre la independencia de Cataluña previsto para este 1º de octubre.
En Barcelona y otras ciudades catalanas se han llevado a cabo multitudinarios actos de apoyo al referéndum, convocado por el gobierno regional y que la justicia española considera ilegal.
Muchos ciudadanos están en contra de las medidas adoptadas por los tribunales para impedir la celebración del mismo.
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La tensión ha escalado a niveles inéditos desde que España estrenó su democracia hace cuatro décadas, pero ¿sabes realmente cuál es el conflicto?
En BBC Mundo te explicamos algunas claves para entenderlo:
1. ¿Qué pasa el 1 de octubre?
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El primero de octubre está previsto un referendo de autodeterminación en Cataluña, convocado por el gobierno regional. En la consulta, las autoridades catalanas quieren hacer a los ciudadanos una única pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".
De ganar el 'Sí', el ejecutivo regional asegura que estaría legitimado para que se proclamara la independencia.
Desde el primer momento en que se conoció la idea de la Generalitat -ejecutivo catalán-, el gobierno de Madrid se opuso, pues considera que el referendo vulnera la Constitución, y advirtió de que tomaría medidas legales si seguía adelante con su propósito.
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Las autoridades catalanas desoyeron a Madrid y este mes el Parlamento regional, con mayoría de partidos a favor de la independencia, aprobó dos leyes para amparar la consulta y establecer una especie de hoja de ruta para una Cataluña independiente, ignorando la Constitución española.
El 6 de septiembre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó oficialmente el referendo y el gobierno de Mariano Rajoy denunció su acción ante los tribunales, que le dieron la razón.
2. ¿Por qué la Justicia de España suspendió el referendo?
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El Tribunal Constitucional prohibió la consulta al considerar que vulnera la Carta Magna.
Esta establece que la "soberanía nacional reside en el pueblo español", es decir, que una parte del pueblo (los catalanes) no pueden decidir por todos.
Además, según la legislación española, las comunidades autónomas (como Cataluña) no tienen potestad para convocar un referendo.
Según la Constitución española, estas consultas sólo las puede convocar el Rey, a propuesta del presidente del gobierno y con previa autorización del legislativo.
Al igual que otras constituciones occidentales, la española no recoge el derecho de secesión.
GETTY IMAGES3. ¿Por qué ha escalado tanto la tensión?
El gobierno catalán no reconoció la decisión del Tribunal Constitucional y continuó con los preparativos para llevar a cabo la consulta.
Madrid amenazó con recurrir a todas las herramientas judiciales para frenarle y, apenas diez días antes del referéndum, la Guardia Civil, por orden judicial, llevó a cabo en Cataluña detenciones e incautaciones de urnas y papeletas para desmontarlo.
La tensión política ha provocado una brecha social que estos días se plasmaba en las calles y de momento no hay señales de que la situación vaya a mejorar.
4. ¿Qué piensa la comunidad internacional?
La Unión Europea pidió a Cataluña que respete la decisión del Tribunal Constitucional y advirtió que sólo reconocerá el resultado de un referendo si éste cumple con la legalidad.
Ningún país apoyó directamente la consulta, excepto Venezuela, aunque algunos medios en el extranjero han instado al gobierno de Rajoy a negociar con los independentistas.
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Por iniciativa de la organización partidaria de la independencia Òmnium Cultural, se realizó una campaña de apoyo al referendo llamada "Let catalans vote" ("Dejen votar a los catalanes").
Esta reunió firmas de medio centenar de figuras públicas: premios nobel de la paz como el argentino Adolfo Pérez Esquivel, activistas como la artista Yoko Ono, deportistas como el exjugador del Barcelona Hristo Stoichkov o filósofos como el estadounidense Noam Chomsky.
5. Pero… ¿quieren los catalanes realmente la independencia?
En este clima de crispación, es difícil predecir el resultado del referendo, pero una encuesta pública encargada por la Generalitat mostró en junio de este año que el 49% de los catalanes se oponían a la independencia, mientras que un 41% estaban a favor.
No obstante, un 48% apoyaba que se celebrara la consulta "tanto si lo quiere como no el gobierno español", un 23% si Madrid la respaldaba y sólo un 22% la rechazaba.
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Vigilias, marchas e incertidumbre en España a pocas horas del referendo independentista de este domingo Cataluña
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Las vigilias, las marchas y la incertidumbre tomaron la noche en Cataluña.
A unas horas del referéndum independentista, que el gobierno español considera ilegal, la división entre los que apoyan y se oponen a la votación se manifiesta en la propia forma en que las multitudes esperan la mañana del domingo.
Según datos del gobierno regional, unos 163 colegios están ocupados por padres con sus hijos desde el viernes. Y hasta ahora la ocupación ha transcurrido sin incidentes.
Mientras, en algunas de las principales plazas de España, incluida Barcelona, se realizaron vigilias y marchas a favor y en contra del referendo.
No está claro si el referendo se llevará a cabo, con el gobierno regional determinado a que se celebre y la insistencia de Madrid en que lo impedirá.
El vicepresidente del Gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, aseguró que si los catalanes salían en la mañana a votar podrían hacerlo, aunque no especificó con qué boletas, urnas o sistema de votación podrían hacerlo.
La votación, en caso de realizarse, no tendría valor vinculante, ya que fue suspendida por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno español.
Las autoridades del gobierno central incrementaron sus esfuerzos para impedir que se lleve a cabo la votación, prohibida por la Justicia española.
Para ello enviaron a la región miles de policías y el sábado se les ordenó acordonar más de la mitad de los colegios.
Las autoridades en Madrid informaron que fueron bloqueados 1.300 de los 2.315 colegios desinados por las autoridades catalanas para la votación.
Se informó también que la policía nacional ocupó el Centro de Telecomunicaciones para evitar el voto telemático.
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Se espera que decenas de miles de personas acudan a las urnas el domingo para el referéndum de independencia.
Los oficiales de la policía regional catalana, los Mossos, tienen instrucciones de desalojar los colegios pero sin utilizar la fuerza.
La policía también ha estado incautando varios artículos, incluidas papeletas de votación, y se ha ordenado la clausura de sitios web vinculados al voto y el arresto de funcionarios que organizan el referéndum.
No obstante, el presidente catalán, Carles Puigdemont, le dijo a Reuters que la votación se llevará a cabo y que "está preparado todo para que efectivamente los más de 2.000 puntos de votación tengan las papeletas, tengan las urnas, tengan todo lo que tienen que tener para que la gente pueda expresar su opinión".
Mientras tanto se están llevando a cabo manifestaciones y marchas en todo el país tanto a favor del referéndum como por la unidad del país.
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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