La oposición denuncia un "golpe de Estado" contra el Parlamento y el oficialismo acusa a los legisladores de desconocer las decisiones del Poder Judicial.
La crisis política en Venezuela es cada vez más profunda.
Desde que en diciembre de 2015 la oposición recuperó por primera vez desde el año 2000 el control de la Asamblea Nacional (AN), en Venezuela se ha desarrollado lo que semeja una larga pelea de boxeo entre, por un lado, el Poder Legislativo y, por el otro, el Poder Judicial, que viene tomando decisiones que repetidamente tienden a favorecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El más reciente "asalto" en esta pelea se produjo este jueves a raíz de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que esta anunció que asumirá todas las competencias correspondientes a la AN, cuyas actuaciones considera nulas por encontrarse en una situación de "desacato" a sentencias anteriores del propio tribunal.
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"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", se lee en la sentencia emitida el miércoles.
La misma ha producido no solo respuesta de la oposición, sino también una cadena de reacciones internacionales, llegando el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a anunciar que su país retira de forma indefinida a su embajador en Caracas.
Pero, ¿es posible que en un régimen democrático el Poder Judicial asuma de forma genérica e indefinida todas las funciones del Poder Legislativo? ¿Qué implicaciones puede tener esto para la separación de poderes consagrada por la Constitución de Venezuela?
"Extralimitación"
Gerardo Fernández, abogado venezolano y profesor de Derecho Constitucional, considera que con esta sentencia el TSJ se extralimitó en sus funciones.
"Esa decisión es una proclama política sin contenido jurídico que técnicamente no puede asimilarse a una sentencia porque usurpa, se extralimita y abusa del poder del TSJ. Es una decisión al margen de todo el orden constitucional, del Estado de Derecho y de la democracia", dijo Fernández en entrevista con BBC Mundo.
Aseguró que el fallo es una declaración "inequívoca" desde el punto de vista formal, jurídico y constitucional de que se ha despojado definitivamente a la AN de todas sus funciones.
Fernández equipara los efectos de la sentencia al llamado "Fujimorazo", cuando en 1992el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, decidió cerrar el Parlamento de su país.
"Esta decisión marca un hito en la medida en que despoja de todas sus funciones a la AN. Desde el punto de vista jurídico, esto equivale a una disolución del Parlamento, lo deja sin poderes, eso es lo que se pretende", señaló.
El abogado indicó que, según su opinión, en Venezuela "no existe separación de poderes desde hace tiempo" y que lo que ha habido es "una política sistemática por parte del TSJ de cercenar las competencias del Parlamento" para impedirle ejercer sus funciones políticas, legislativas, administrativas y contraloras.
"Esta decisión es solo la guinda. En Venezuela estamos viviendo en este momento un golpe de Estado, la ruptura del orden democrático", agregó.
"La AN se autoilegalizó"
El abogado constitucionalista Jesús Silva no coincide con quienes afirman que el Parlamento venezolano fue despojado de sus funciones y responsabiliza por lo ocurrido al "desacato" en el que afirma ha incurrido la Asamblea Nacional.
"En Venezuela no se ha eliminado la AN. Existe un Poder Legislativo cuya directiva no ha respetado las sentencias del Poder Judicial y, como consecuencia de esa infracción jurídica, la AN se encuentra en situación de ilegalidad", dijo Silva en una entrevista con BBC Mundo.
Señala que ante una "omisión legislativa", el artículo 336 de la Constitución establece que la Sala Constitucional del TSJ puede intervenir para subsanar esa situación.
"El pronunciamiento reciente del TSJ ratifica lo que ya dice la Carta Magna. No se genera una nueva normativa, no se altera la letra de la Constitución, solo se ratifica lo que la propia Constitución establece para este caso", dijo.
Silva también niega que ahora se produzca una usurpación de funciones.
"El TSJ no se convierte en una Asamblea Legislativa. Sencillamente, ante un caso de omisión legislativa el TSJ cubre un vacío legislativo para que el Estado de Derecho pueda continuar su funcionamiento. No es algo que el TSJ ha inventado, sino una atribución de carácter excepcional que ya está prevista en la Constitución para mantener en funcionamiento la República", añadió.
"Fuera de la Constitución"
Juan Manuel Raffalli, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, considera que la sentencia del TSJ ha consumado en Venezuela una "alteración del orden constitucional".
"Esto es un golpe de Estado. No hay interpretación posible que se haga de la Constitución cuyo resultado sea que la AN pierda sus competencias y que las asuma otro poder público. Eso no puede ocurrir de ninguna manera y bajo ninguna excusa porque eso es alterar el funcionamiento del Estado y de los poderes públicos", dijo en entrevista con BBC Mundo.
Señaló que la decisión del TSJ deja de lado que la Constitución establece en su artículo 136 que cada rama del poder público es independiente y autónoma.
"Se ha vaciado de toda competencia a la AN y con ello se acaba con la representatividad democrática, con el voto popular gracias al cual fueron electos esos diputados; y con el carácter federal de la República porque es en el Poder Legislativo donde están los representantes de los estados. Es decir, nos quedamos sin Parlamento", indicó.
"La Constitución, cuya función es delimitar las competencias de los poderes públicos está siendo desconocida. Allí hay cinco poderes públicos y cada uno debe ejercer plenamente sus propias funciones y no hay manera de interpretar ninguna situación que derive en que un poder se adueñe de otro", agregó.
¿La salida?
Ante la crisis de poderes planteada, Gerardo Fernández cree que la Asamblea Nacional de Venezuela debe plantar cara y dar la pelea en el terreno político.
"En este momento más que nunca se justifica la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", dijo en referencia al debate que se ha desarrollado en la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a la crisis en política en Venezuela.
Precisamente este jueves, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó lo sucedido en Venezuela de "auto golpe" y solicitó una reunión urgente del organismo para tratar el tema.
Para Jesús Silva, en cambio, la solución al conflicto de poderes reside en que la Asamblea Nacional salga de la situación de "desacato" en la que se encuentra por no haber cumplido con los procedimientos dictados por el TSJ para desincorporar a tres diputados cuya elección fue impugnada.
"Advierto que no solo hay desacato en el caso de los falsos diputados de Amazonas. Son también todas las demás sentencias del TSJ referidas a la AN, el caso de pretendidas leyes que violan la Constitución, todas esas sentencias han sido sistemáticamente desobedecidas por el Legislativo", dijo Silva.
"La solución a este caso es que el Legislativo reconozca al Poder Judicial venezolano y a los demás poderes públicos para salir de la ilegalidad en la que se encuentra", agregó.
Juan Manuel Raffalli considera que el caso de los diputados impugnados es solo una excusa y destaca ellos se desincorporaron voluntariamente de la AN y no están acudiendo a la sesiones.
"Esa es la excusa jurídica. Cualquier cosa que hagas para salir del desacato te van a decir que está mal porque el desacato tiene que existir para justificar este tipo de tropelías", dijo.
"No podemos seguirle buscando explicaciones constitucionales a esto porque no las tiene", agregó.
Por lo pronto, la oposición venezolana parece ir rumbo a dar la pelea en el terreno político.
Este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, anunció que convocarán a manifestaciones para el sábado y para la próxima semana.
Por su parte, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado oficialista Diosdado Cabello, llamó a los seguidores del gobierno a la movilización popular para frenar las "pretensiones de la derecha" venezolana.
El próximo "asalto" del conflicto de poderes en Venezuela podría decidirse en la calle.
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Perú anuncia el retiro definitivo de su embajador y otras reacciones internacionales a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional :
La Cancillería de Perú anunció este jueves que retira "de manera definitiva" a su embajador en Venezuela.
En un comunicado difundido en Twitter, la Cancillería declaró: "El gobierno de Perú condena la decisión del TSJ de atribuirse las competencias parlamentarias que le corresponden a la AN, arbitraria medida que violenta el Estado de Derecho y constituye una ruptura del orden constitucional y democrático".
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, expresó minutos después en su cuenta de Twitter: "Condeno la ruptura de la democracia en Venezuela. Retiro de manera definitiva a mi Embajador en ese país".
"América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela", dijo en otro tuit.
La medida llega horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano anunciara en una sentencia que ejercerá las competencias del órgano legislativo, la Asamblea Nacional (AN), mientras esta se mantenga en situación de "desacato".
El TSJ declaró "en desacato" al órgano legislativo controlado por la oposición en enero de 2016.
El máximo ente judicial del país ordenó entonces que todos los actos de la AN fuesen nulos mientras siguieran juramentados los tres diputados opositores por el estado Amazonas, cuya elección fue impugnada por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Estos diputados no están ejerciendo funciones por decisión de la propia Asamblea, pero el TSJ mantiene su posición, lo cual ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática a acusar al tribunal de perjudicar al parlamento para beneficio del Ejecutivo.
Ante las medidas tomadas por Perú, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país "rechaza categóricamente (el) comunicado injerencista del Gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana".
La ministra agregó que "es lamentable que ante los graves problemas que hoy sufre el hermano pueblo del Perú, sus autoridades se dediquen a agredir a Venezuela".
Rodríguez también "rechazó 'el concierto de la derecha regional para atacar el sistema democrático venezolano, de base popular e inspiración bolivariana'".
Tensión
Lima ya había llamado a consultas a su embajador en Caracas el pasado 7 de marzo.
El gobierno peruano tomó la decisión luego de que la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, tildó de "cobarde" y "perro simpático" al presidente peruano.
Los comentarios se dieron en respuesta a cuestionamientos hechos por el mandatario peruano sobre la situación de Venezuela mientras estuvo en febrero de visita en EE.UU.
Perú respondió de inmediato rechazando las "insolentes" declaraciones de la jefa de la diplomacia venezolana.
Otras reacciones
En el comunicado de este jueves, el gobierno peruano también señaló que "ha iniciado consultas" con países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para "adoptar con la mayor urgencia las medidas que correspondan ante la evidente ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela".
Aunque Perú ha sido el único hasta ahora en tomar acciones, ya son varios los países de la región que se han pronunciado en contra las medidas tomadas por el TSJ, que ven con "gran preocupación".
El gobierno mexicano dijo en un comunicado, difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del país, que guarda "profunda preocupación por las recientes decisiones del TSJ que afectan a la Asamblea Nacional de ese país".
"Atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes", dijo en el mensaje.
México señaló también que reitera la declaración emitida el 23 de marzo, junto a otros 13 países de la OEA, en la que le piden a Venezuela que convoque a elecciones y que libere a presos políticos.
Por su parte, la Cancillería de Colombia difundió un comunicado en el que el gobierno "reitera su convicción de que la separación de poderes y el apego irrestricto a las normas constitucionales son fundamentos imprescindibles para la plena vigencia de la democracia representativa, la convivencia pacífica de la población y el estado de derecho".
Mientras, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que las decisiones del TSJ de Venezuela "alimentan la radicalización política en el país".
Argentina, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, reivindicó "la importancia de la plena vigencia en Venezuela del Estado de Derecho y de los principios democráticos, entre ellos los principios fundamentales de la separación de poderes y el respeto por la libre expresión de las ideas".
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, las medidas del TSJ "agravan la situación política, económica, social y humanitaria que vive Venezuela".
"Panamá hace un llamado al respeto del orden constitucional, el respeto a la separación de poderes y los principios de la democracia, y que se den las garantías para la celebración de elecciones democráticas", añade el país en un comunicado.
"Condena"
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, escribió en su cuenta de Twitter que "en América Latina, debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades".
Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. difundió un comunicado en el que "condena" la decisión del TSJ.
"Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida a las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela", señala.
EE.UU. le pide al gobierno de Venezuela que "permita a la Asamblea Nacional democráticamente elegida desempeñar sus funciones constitucionales, celebrar elecciones lo antes posible e inmediatamente liberar a todos los presos políticos".
"El gobierno venezolano debe cumplir con los compromisos que asumió durante el proceso de diálogo de 2016 (...) y sus compromisos de la Carta Democrática Interamericana", agrega EE.UU.
Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, escribió en su cuenta de Twitter que el organismo que dirige "apoya la #AsambleaNacional, único poder legitimado y denuncia el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen de #Venezuela".
Reunión urgente
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció ante la decisión del TSJ de Venezuela. El funcionario aseguró en un tuit que lo ocurrido es un "auto golpe" y pidió la "urgente" convocatoria de un Consejo Permanente del organismo, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática.
Dicho artículo establece que "el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes".
El pasado 15 de marzo, Almagro propuso la suspensión de Venezuela del organismo regional si no se celebraban elecciones generales en el país en un plazo de 30 días.
Almagro y otros países miembros de la OEA critican la situación de derechos humanos en Venezuela, la existencia de "presos políticos" y el proceso de diálogo entre gobierno y oposición que comenzó a finales de octubre del año pasado y que está paralizado y sin resultados.
El gobierno de Nicolás Maduro acusa a Almagro de actuar al dictado de Estados Unidos y de "servir a los intereses del imperio y del capitalismo mundial en el continente".
Para que Venezuela sea suspendida del organismo, se requiere de dos tercios de los 34 miembros de la Asamblea General de la OEA.
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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