Tras el bombardeo de la base naval de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt ordenó el ingreso de 120.000 ciudadanos japoneses en campos de internamiento para evitar supuestos actos de espionaje. Tras casi cuatro años de encierro fueron liberados e indemnizados con 25 dólares.
Josep Gavaldà
13 de octubre de 2020 · 10:05 Actualizado a
En la fría mañana del 7 de diciembre de 1941, la armada imperial del Japón atacó la base naval que Estados Unidos tenía en Pearl Harbor, lo que provocó la entrada de este país de lleno en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto del que se había mantenido al margen hasta aquel momento, tanto en el Pacífico como en Europa. Tras el ataque, todo lo relacionado con Japón impactó profundamente a la sociedad estadounidense. Ante el temor a que una especie de "quinta columna" pudiera actuar en el corazón de Estados Unidos o, simplemente, por cuestiones raciales, todos los ciudadanos norteamericanos de origen japonés fueron arrestados y deportados a campos de internamiento a lo largo de la toda la geografía occidental de Estados Unidos entre los años 1942 y 1948.
El ataque japonés a la base estadounidense de Pearl Harbor provocó la declaración de guerra por parte de Estados Unidos a Japón. En la imagen, los marineros de la base observan las llamas de varios aviones siniestrados. Foto: CC
Seguridad nacional
El 8 de diciembre de 1941, el día después del ataque, y coincidiendo con la declaración de hostilidades pronunciada por el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, las autoridades decretaron las primeras medidas en contra de los ciudadanos japoneses. Se emitió un Edicto Presidencial cuyo contenido segregaba a los ciudadanos de origen japonés, alemán o italiano del resto de la población autóctona. Las palabras del presidente no dejaban lugar a dudas: "Todos los ciudadanos, moradores o sujetos de Japón, Alemania e Italia mayores de 14 años que estén en Estados Unidos y no posean la nacionalidad, podrán ser apresados, retenidos, encerrados o expulsados como extranjeros enemigos". Aquella directiva desencadenó un torrente de odio racial que afectó a una ciudadanía muy impactada por el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbour. Un ejemplo de ello son las declaraciones del gobernador de Idaho, Chase Clark: "Los "japos" viven como ratas, se crían como ratas y actúan como ratas. Aquí no los queremos".
Todos los ciudadanos, moradores o sujetos de Japón, Alemania e Italia mayores de 14 años que estén en Estados Unidos y no posean la nacionalidad, podrán ser apresados, retenidos, encerrados o expulsados como extranjeros enemigos.
A estas muestras de odio se añadieron ciertos actos simbólicos como la retirada de productos fabricados en Japón y la tala de 3.000 cerezos sakura que los ciudadanos de Tokio habían donado a la ciudad de Washington en 1912. Todas estas medidas xenófobas entraron en vigor a inicios de 1942 en California, Arizona, Oregón, Washington Oeste y Alaska. Así pues, miembros de la Policía Federal y del Ejército estadounidense obligaron a todos los ciudadanos japoneses, hombres, mujeres y niños, a registrarse siguiendo unos cánones raciales de segregación. Durante los primeros días se contabilizaron 91.858 nombres hasta llegar a ser más de 110.000 pasado un tiempo. A pesar de que la 14º Enmienda de la Constitución prohíbe el trato discriminatorio por motivos de raza o procedencia, en aquel momento las autoridades se saltaron esa norma alegando razones de "seguridad nacional".
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La orden 9066
El 12 de febrero de 1942, el Gobierno de Estados Unidos aprobó la Orden 9066, según la cual todos los inmigrantes japoneses y la primera generación de estos nacidos en Norteamérica serían deportados a unos campos de internamiento que se dividirían en tres categorías: campos de reunión bajo responsabilidad del ejército estadounidense, donde se agruparía a los prisioneros de manera provisional para a continuación ser trasladados a otro destino; campos de reubicación bajo el control de la Autoridad de Reubicación de Guerra, donde vivirían los deportados, y centros de detención bajo la dirección del Servicio de Inmigración en los que recluiría a los japoneses no nacionalizados, incluyendo también algunos alemanes e italianos. Sorprendentemente, esta orden sólo afectó a los residentes de California, Arizona, Oregón, Washington Oeste y Alaska, pero no a los de otros estados como las islas Hawái. La comunidad japonesa era el motor económico de la región y detener a este colectivo hubiera significado colapsar la maquinaria financiera de todo el archipiélago.
La Orden 9066 sólo afectó a los residentes de California, Arizona, Oregón, Washington Oeste y Alaska, pero no a los de otros estados como las islas Hawái.
Los campos de reubicación para americano-japoneses fueron un total de diez: Manzanar, Tule Lake, Poston, Gila River, Topaz, Minidoka, Granada, Heart Mountain, Rohwer y Jerome. Los presos considerados potencialmente peligrosos fueron trasladados a otros campos ubicados en Arizona y Moab, en el estado de Utah. Una semana antes de proceder a la detención de estas personas, se les concedió un tiempo para desprenderse de sus pertenencias o malvender sus muebles, hogares y bienes, a excepción de sus cuentas bancarias que eran congeladas. Transcurrido ese período, la Policía Federal o la Policía Militar del Ejército realizaban redadas contra estos ciudadanos, a los que se incautaban armas en caso de que las poseyeran. En una ocasión se expropió un arsenal de 2.592 pistolas y fusiles antes de que los deportados partieran a las "Tierras del Oeste Americano". Aproximadamente fueron un total de 113.605 los ciudadanos japoneses deportados durante la Guerra del Pacífico.
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Las fotos de la vergüenza
Manzanar es uno de los campos más conocidos. Este, a diferencia de otros levantados en terrenos pantanosos, estaba situado en un erial en la ladera oriental de la Sierra Nevada de California. Su emplazamiento lo hacía un lugar terriblemente duro. Con temperaturas extremas todo el año, en invierno el termómetro no subía de los cero grados y en verano no bajaba de los cincuenta. El viento soplaba con tal fuerza en el campo, que los internos solían levantarse por la mañana cubiertos de la cabeza a los pies de una fina capa de polvo. La mitad de la población allí recluida eran mujeres, un cuarto estaba formada por niños en edad escolar, y también había bebés y ancianos que apenas podían valerse por sí mismos. A las familias de cuatro miembros se le permitía vivir en un espacio de 6,1 x 7,6 m, y dormían en catres de acero del ejército sobre sacos de paja. Aunque los internos disponían de electricidad, lavanderías y salones para el culto religioso, las duchas y los aseos eran de uso común.
Los internos dormían en catres de acero del ejército sobre sacos de paja. Aunque disponían de electricidad, lavanderías y salones para el culto religioso, las duchas y los aseos eran de uso común.
Jeanne Wakatsuki Houston, una mujer que vivió en el campo de Manzanar cuando era niña, cuenta que "los internos con cualificación profesional encontraron trabajo en los campos, aunque lo hacían por una fracción mínima del salario que ganaba un civil blanco empleado por la WRA, la agencia de reubicación de guerra. Los internos tenían permiso para trabajar fuera del campo, sobre todo como mano de obra agrícola. Algunos de ellos lo hacían bajo vigilancia armada, mientras otros contaban con cierta autonomía. Sin embargo, todos debían llevar carnés que les identificaran como prisioneros del campo". Un fotógrafo profesional llamado Toyo Miyatake, documentó Manzanar en secreto consiguiendo introducir una lente y un soporte en su interior para, posteriormente, y con la ayuda de un carpintero, construir el resto de la cámara. Miyatake fue descubierto y su cámara confiscada, pero el director del campo le permitió seguir tomando fotos. Gracias a ello, el fotógrafo pudo tomar unas 1.500 instantáneas, que documentaron la vida en el campo, durante sus más de tres años en reclusión.
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"Disparad a quien intente huir". Esa fue la orden que recibieron los soldados cuando registraron algunos incidentes en los campos debido a las malas condiciones de vida imperantes. Allí, la tensión, la sospecha y la desesperación eran la norma. El caso más grave fue el motín que tuvo lugar en el campo de Manzanar, donde las tropas norteamericanas abrieron fuego contra los internos matando a 135 personas. A pesar de esto, y a medida que la guerra iba avanzando, el Gobierno permitió que algunos de los internos se alistaran al ejército previa firma de un documento de lealtad. En el campo de Manzanar se alistaron 174 hombres.
El incidente más grave ocurrido en un campo fue el motín que tuvo lugar en Manzanar, donde las tropas norteamericanas abrieron fuego contra los internos matando a 135 personas.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, el 2 de septiembre de 1945, cuando los internos fueron liberados, tan sólo quedaban familias rotas, algunas de ellas para siempre, y la ruina económica debido a la pérdida de numerosos negocios y de tierras; ese fue el precio que tuvieron que pagar estas personas por sus tres años de encierro. Como compensación por las pérdidas, las autoridades tan sólo entregaron a los reclusos 25 dólares y un billete de tren. Muchos no pudieron retomar su vida anterior: sin medios para subsistir y sin empleo, tuvieron que alojarse en refugios, albergues o viviendas de protección oficial en ciudades alejadas de su hogar, donde continuaron enfrentándose a actitudes racistas durante años. Hasta 1988, con la presidencia de Ronald Reagan, la Casa Blanca no emitiría un comunicado oficial de disculpa a los estadounidenses de origen japonés.
A la luz de lo sucedido en la década de 1940, algunas personalidades como George Takei, actor de origen japonés que encarnó al teniente Sulu en la mítica serie de ciencia ficción de los años sesenta Star Trek, o el propio Museo Nacional Japonés-Americano denunciaron a través de un comunicado de prensa la situación actual de muchas familias en la frontera con México, separadas a la fuerza en una actuación que recuerda demasiado a lo que ocurrió en Estados Unidos hace decenas de años.
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