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jueves, 23 de febrero de 2017

Política Norteamericana : BBC Mundo Noticias .- Estados Unidos: 11 millones en riesgo y otras cuatro cifras que muestran la magnitud de las nuevas medidas de deportación de personas indocumentadas de Donald Trump

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39072296
Agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arresta a una mujer.
Derechos de autor de la imagen Getty Images
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                                    Expertos consideran que ahora "cualquier indocumentado" puede ser considerado una prioridad para la ley de inmigración.
Para sus detractores, el presidente Donald Trump puede afectar la vida de millones de familias y menores. Aquellos que lo apoyan sostienen que simplemente está defendiendo la soberanía y seguridad de Estados Unidos.
Sin embargo, hay algo en lo que ambos grupos coinciden.
El mandatario estadounidense va en serio en lo que se refiere al endurecimiento de su política migratoria.
La prueba más fehaciente de ello son las nuevas directrices referidas a seguridad fronteriza y control de inmigrantes conocidas el pasado martes 21 de febrero.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró este jueves que no se realizarán "deportaciones masivas" y que no se utilizará al ejército para perseguir indocumentados, pero reiteró que las nuevas instrucciones migratorias serán implementadas.
 
La administración Trump no sólo amplió el número de indocumentados que pueden ser deportados en cualquier momento, también aumentó el periodo de tiempo en el que un inmigrante sin papeles puede ser expulsado de Estados Unidos sin la mediación de un juez.
Además de autorizar la contratación de miles de agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza.
Y dispuso la creación de la Oficina para la Atención a las Víctimas de Crímenes de Inmigrantes.
A continuación te mostramos cinco cifras que muestran los alcances de las nuevas directrices de Trump en uno de los temas más polémicos de su presidencia: la política hacia los indocumentados.

11 millones

La cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos ronda los 11 millones, de acuerdo al Centro de Estudios Pew, con sede en Washington D.C.
Protesta a favor de los indocumentados.
Derechos de autor de la imagen Getty Images a vuelo 
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                                    66% de los indocumentados lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, de acuerdo al Centro Pew.
Durante el gobierno del expresidente Barack Obama, entre 2009 y 2015 Obama deportó más que ningún otro presidente, cerca de 2,5 millones de personas. Lo que le valió el poco cariñoso apelativo de "deportador en jefe".
El Departamento de Seguridad Nacional sólo apuntaba a deportar a aquellos ilegales con antecedentes o condenados por delitos graves y quienes eran considerados una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Sin embargo, desde la puesta en vigencia de las nuevas instructivas de Trump, prácticamente los 11 millones en situación irregular pasan a estar en riesgo de ser deportados.
Y aunque no significan que todos los indocumentados serán expulsados durante el mandato de Trump, sí que cualquiera de esas personas puede ser perseguida y deportada por un infracción menor como un incidente de tráfico o incluso por ser sospechosa de cometer alguna ilegalidad.
Mujer detenida por un agente de policía.
Derechos de autor de la imagen Getty Images
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                                    A pesar de lo polémicas que resultan las nuevas instructivas, existen organizaciones en Estados Unidos que apoyan las medidas de Trump.
"Ahora cualquier indocumentado puede ser considerado como prioridad para ley de inmigración. El gobierno de Trump ha creado un plan para la deportación masiva como nunca lo hemos visto", concluyó, por su parte, la directora del NILC Marielena Hincapié.
Por su parte, Kamal Essaheb, director de Políticas y Abogacía del Centro Nacional de Leyes e Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), señala que de los que ahora pasan a estar en riesgo "muchos llevan décadas viviendo en Estados Unidos".
66% de los indocumentados lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, de acuerdo al Centro Pew.
Por otro lado, organizaciones como la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos, defienden las medidas de Trump y señalan que ellas fueron "aceptadas por los votantes estadounidenses".

5 millones

Es común que el estatus migratorio de los diferentes miembros de una familia no sea el mismo y eso también puede acarrear dificultades.
Essaheb, del NILC, estimó que son 5 millones de menores los que corren el riesgo de perder a sus padres o supervisores debido a las nuevas normativas de Trump.
De acuerdo al experto, este puede ser uno de los "mayores impactos" de la política migratoria vigente.
"Para los menores que corren el riesgo de quedarse sin padres o familias esto puede traer efectos psicológicos, educativos y también económicos", afirmó Essaheb.
La nueva directiva también establece que aquellos padres que faciliten o promuevan el ingreso de sus hijos a territorio estadounidense de manera ilegal podrán ser procesados y deportados, sin importar que tengan otros menores a su cargo en EE.UU.
Cualquier indocumentado puede ser considerado como prioridad para ley de inmigración. El gobierno de Trump ha creado un plan para la deportación masiva como nunca lo hemos visto".
Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Leyes e Inmigración.

750.000

Hasta la fecha, 750.000 jóvenes indocumentados se beneficiaron de la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), promovida por Obama para beneficiar a inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Se trata de los denominados dreamers, quienes tienen la posibilidad de acceder a estudios bajo las mismas condiciones que un estadounidense, optar por permisos temporales de trabajo y tener licencia de conducir.
El mismo Donald Trump reconoció la anterior semana que los dreamers son un asunto "muy difícil de manejar para él" y se comprometió a atenderlo "con el corazón".
Las nuevas instructivas gubernamentales no afectaron al DACA, sin embargo expertos en política migratoria de Estados Unidos señalan que este grupo permanece en la incertidumbre, mucho más considerando que los dreamersdeben renovar sus permisos de trabajo cada dos años y su residencia en Estados Unidos permanece prácticamente en suspenso.
Protesta contra Trump
Derechos de autor de la imagen Reuters
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                                     "Combate la ignorancia, no los inmigrantes", decía en uno de los carteles en una protesta contra las medidas de Trump en Nueva York.
Pese al respaldo que tuvo la iniciativa de Obama, la política de Acción Diferida también tiene detractores en Estados Unidos.
En criterio del presidente de la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos, Dan Stein, "DACA fue un ejercicio demasiado amplio e inconstitucional del poder ejecutivo del presidente Obama que probablemente habría sido derrotado por los tribunales si hubiera sido cuestionado".
"Además de ser inconstitucional, DACA también provocó un aumento de la inmigración ilegal de menores no acompañados y familias con niños. El mensaje que envió fue que el hecho de venir ilegalmente a Estados Unidos, o de traer a niños aquí ilegalmente, sería recompensado", señaló Stein en la página web de la institución que dirige.

15.500

10.000 nuevos agentes para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, 5.500 plazas más para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
De ellos 500 serán agentes especiales que operarán en mar y aire.
Agente de Patrulla Fronteriza en San Diego.
Derechos de autor de la imagen AP
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                                     5.500 agentes nuevos serán incorporados en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Las nuevas contrataciones serán, según la instructiva divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional el martes pasado, "para hacer efectivas las leyes de inmigración en Estados Unidos, de acuerdo con las directrices del presidente".
"Son necesarios agentes adicionales", indica la instructiva gubernamental.
Además, la administración Trump anunció la creación de una nueva entidad: la Oficina para la Atención a las Víctimas de Crímenes de Inmigrantes.
Esta institución se encargará de registrar, recabar información y dar seguimiento a todas las denuncias que se presenten contra inmigrantes para establecer la situación legal del acusado en Estados Unidos.

24

Por último, las expulsiones inmediatas se pueden incrementar gracias a las últimas directrices de Trump.
Con Obama, las denominadas deportaciones expeditas se aplicaban dentro de un límite de 160 kilómetros de distancia de la frontera para aquellos que llevaban menos de 14 días en suelo estadounidense.
Ahora, sin necesidad de la mediación de un juez, el Departamento de Seguridad Nacional puede disponer la expulsión inmediata de cualquier indocumentado que lleve menos de dos años en Estados Unidos en cualquier lugar del país.
Organizaciones de la sociedad civil estadounidense consideraron esta última disposición como un intento de la administración Trump de pasar por alto a la justicia y una violación de los derechos de los indocumentados.
"El Presidente Trump no tiene la última palabra aquí: los tribunales y la población no permitirán que este sueño no americano se convierta en realidad", afirmó Omar Jadwat, director de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de las Libertades Civiles, con sede en Nueva York.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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sábado, 4 de febrero de 2017

Política Norteamericana : BBC Mundo Noticias .- 5 preguntas sobre cómo es el proceso de deportación para un inmigrante en Estados Unidos

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38863231
Detención efectuada por agentes del ICE
Derechos de autor de la imagen Getty Images
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                                    Los inmigrantes indocumentados involucrados en actos criminales serán la prioridad de deportación para el gobierno de Donald Trump.
Nuevo gobierno, nuevas prioridades.
La deportación de inmigrantes que están en Estados Unidos sin documentos está cambiando con la llegada a la presidencia de Donald Trump.
La nueva administración ha definido siete prioridades para la deportación de inmigrantes que entraron al país de forma ilegal, informó a BBC Mundo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Eso significa que los recursos de inmigración serán enfocados a identificar y deportar antes que otros indocumentados a las personas que estén bajo estos supuestos:
  • a) Haber sido sentenciado por cometer un delito criminal.
  • b) Haber sido acusado de cometer un delito criminal, cuando no se haya resuelto dicho cargo.
  • c) Haber cometido actos que constituyan un delito.
  • d) Haber participado en un fraude o declaración falsa deliberada en relación con cualquier asunto oficial o solicitud ante una agencia gubernamental.
  • e) Haber abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos.
  • f) Estar sujetos a una orden definitiva de expulsión, pero que no han cumplido con su obligación legal de salir de Estados Unidos.
  • g) A juicio de un oficial de inmigración, cualquiera que represente un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional.
Aún es pronto para saber cómo se va a implementar la nueva política para las deportaciones, pues Trump ordenó que en "no más de un año" la Secretaría de Seguridad Interior promulgue las nuevas reglas para detener a indocumentados.
Pero lo que el presidente ya autorizó el pasado 25 de enero fue la contratación de 10.000 agentes de inmigración adicionales.
La tarea no es sencilla.
Deportar a un inmigrante que está de forma ilegal en EE.UU. implica un proceso judicial que puede prolongarse por meses, e incluso localizar a quienes tienen orden de deportación puede ser complicado (de ahí el inciso f de esas prioridades).
Donald Trump
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                                    Donald Trump prometió en campaña expulsar de EE.UU. hasta 11 millones de indocumentados, pero ya como presidente habló de 3 millones.

1. ¿Cuándo inicia el proceso?

Hasta ahora, para que un proceso de deportación inicie, la persona involucrada debió haber cometido una falta a una ley, desde una regla de tránsito hasta un crimen mayor.
Pero también puede ser que las autoridades comprueben que violó la ley de inmigración, como cuando su visa o tiempo de estancia expiró, o hay un operativo para detectar inmigrantes sin documentos.
Se trata de una cadena de acciones: la policía local -que no es la que persigue inmigrantes indocumentados- detiene a una persona por una falta y puede pedir una identificación.
Eso lleva a cuestionar su estatus legal en el país, que a su vez puede derivar en la notificación a las autoridades migratorias para que se ocupen del caso.
El proceso de deportación formalmente inicia cuando una corte de inmigración recibe el caso. Si el juez encuentra una violación a la ley de inmigración, autoriza la deportación que ejecutan los agentes del ICE.
Los seguidores de Donald Trump que apoya el veto a los inmigrantes
2. ¿Ocurre la salida del país de forma automática?
No. Un inmigrante aun estando en falta con las leyes de inmigración no está cometiendo una falta criminal, sino civil, y tiene varias posibilidades para evitar la deportación.
Puede solicitar alguno de los nueve beneficios que ofrece la ley, como por ejemplo regularizar su estatus, diferir la deportación o solicitar asilo si no cometió algún delito grave.
"Si son detenidas, tienen derecho a ser presentadas frente a un juez y una corte de inmigración para que se dé una determinación final si se pueden quedar o tienen que ser deportados del país", explica la abogada de migración Andrea Martini en conversación con BBC Mundo.
Incluso una persona sin documentos detenida puede quedar en libertad bajo fianza si no tiene un historial criminal ni una orden de deportación final.
Lazos en la comunidad, familiares ciudadanos o residentes, un trabajo fijo, esos factores son considerados por las autoridades para ofrecer el beneficio de la fianza mientras siga el juicio, explica Martini.
Redada contra indocumentados en Arizona
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                                    Los indocumentados que son detenidos tras cruzar la frontera también tienen derecho a pedir un ajuste de estatus legal, como al solicitar asilo.
3. ¿Cuándo sí salen del país?
Los inmigrantes que estaban en libertad y pierden su juicio deben dejar el país, para lo cual está la opción de la salida voluntaria: el inmigrante se presenta, literalmente con su equipaje en mano, ante las autoridades y gestiona su salida.
La salida voluntaria tiene el beneficio de que la persona no recibe una prohibición de retorno al país.
Por el contrario, quienes estaban detenidos al tener antecedentes negativos con la justicia serán enviados de regreso a sus países de origen, pero no por ello el proceso es rápido.
Hay indocumentados que pueden pasar meses, en casos excepcionales años, en un centro de detención a la espera de que su juicio de inmigración y apelaciones concluyan y se dé su salida del país.
Hay casos de inmigrantes que viajan de un centro de detención a otro a lo largo de EE.UU. hasta llegar a uno en el que se concentran otros de su país y son reenviados en conjunto.

4. ¿Hay redadas contra indocumentados?

Las leyes de inmigración son federales, por eso los encargados de hacerlas cumplir son los agentes del ICE o del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocidos coloquialmente como "la migra".
Sí existen operativos o redadas para la localización de indocumentados, pero regularmente se dan en áreas rurales, en la frontera sur y raramente en las llamadas "ciudades santuario", según la organización de protección a migrantes Puente, con sede en Arizona.
Protesta en Miami por la nueva política contra los indocumentados
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                                    El gobierno de Miami, una ciudad considerada santuario, fue el primero en dar un paso al frente para alinearse con la nueva política de Trump.
Trump exigió a los gobiernos de esas ciudades (Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Houston, Seattle, Phoenix, Nueva York, entre otras) que colaboren con las agencias federales, o retiraría apoyos económicos.
Los centros de detención solo pueden retener a personas que cometieron alguna falta a la ley por 48 horas, y debido a que las autoridades migratorias tardan varios días para atender un caso, las prisiones muchas veces optan por no mantenerlos bajo su custodia.
A pesar de que haya redadas en la vía pública, los abogados de inmigración advierten que ningún elemento del ICE u otra agencia puede ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial.
"Tienen el derecho de decir su nombre y solicitar un abogado. No están obligados a testificar en su propia contra, entonces no tienen que decir nada más", explica Martini.
Reencuentro de inmigrantes en la frontera sur de EE.UU.
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                                    La separación de familias es una de las consecuencias por la deportación de indocumentados, pues muchos padres tuvieron a sus hijos en EE.UU. y ellos sí pueden permanecer en el país.
5. ¿Trump deportará a 11 millones?
Ningún otro presidente de EE.UU. deportó a tantos inmigrantes como lo hizo Barack Obama entre 2009 y 2017, unas 2,5 millones de personas, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional.
Pero como candidato, Donald Trump prometió expulsar del país a 11 millones de personas, una cifra equivalente al número de indocumentados que se calcula hay en EE.UU.
Ya como presidente, matizó su meta y dijo que removerá "hasta 3 millones" que tengan "antecedentes criminales, miembros de pandillas o traficantes de drogas".
"Los vamos a sacar del país o quizá los vamos a encarcelar", dijo.
El Migration Policy Institute (MPI), un centro de análisis sobre migración, indica que hay unos 820.000 inmigrantes indocumentados con condenas criminales, lo que incluye delitos menores, y un millón que podrían ser deportados por sus antecedentes.
"Creemos que el grupo es un poco menor de lo que está diciendo, pero no hay dudas de que tendrá la capacidad de deportar a dos millones de personas en sus primeros cuatro años", dijo Randy Capps, del MPI, a BBC Mundo en noviembre.
¿Cómo son los muros que ya existen en la frontera entre México y Estados Unidos?
"Es extremadamente difícil que puedan ejecutar ese plan en su totalidad. Dedicar todos los recursos a ese proyecto, y con el número limitado de agentes de ICE que existe es bastante difícil", considera Martini.
Por ahora la jefa de los Juzgados de Inmigración, MaryBeth Keller, emitió un memorando el martes pasado en el que indicó que los juzgados de inmigración tendrán como prioridad "programar audiencias rápidas" para los detenidos, según un reporte de la agencia AP.
Aún sin llegar a su meta, en los próximos años el panorama para los indocumentados podría endurecerse.
"Los 11 millones es bastante difícil, pero pueden intentar hacerlo de manera más agresiva y tratar de deportar el mayor número posible", prevé Martini.

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jueves, 29 de abril de 2010

INMIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: NUEVA LEY SOBRE INMIGRACIÓN EN ARIZONA ES PREOCUPANTE

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG:, en Los Estados Unidos de América, se está desatando una nueva discriminación racial en contra la inmigración ilegal latina, hay cientos y tal vez miles de casos que los policías norteamericanos por el solo hecho de ser "un hispano" como ellos nos llaman , empiezan a detener a cualquiera que tenga esos rasgos raciales, no interesa si es legal o ilegal o tal vez un "chicano", ahora se suma el Estado de Arizona, donde criminaliza la inmigración ilegal, y dado una ley justamente para atacar directamente a los hispanos y sobretodos a los mexicanos que son los vecinos de este Estado. Hay formas tan duras y sutiles a la vez, si usted sube a un bus, siempre hay un ciudadano blanco que le mira de pies a cabeza, pero no le dice nada, sin embargo esas miradas matan el alma y el sentimiento latino. Aquí en la imagen observamos a ciudadanos protestando por la Nueva Ley de Inmigración en Arizona. Fuente de imagen: CNN.
NUEVA LEY SOBRE INMIGRACIÓN EN ARIZONA DESPIERTA PREOCUPACIÓN:
Cientos de estudiantes hispanos abandonaron sus escuelas en Phoenix y Tucson, las dos principales ciudades de Arizona, para protestar contra la iniciativa que pretende convertir en delito el ser indocumentado en ese estado.

Las manifestaciones, que por cuarto día consecutivo se han efectuado en Arizona, se extendieron también a otras entidades educativas estadounidenses.

Un grupo de alumnos y maestros de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, realizó un mitin para demandar a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, vetar la propuesta anti inmigrante SB 1070.

Estudiantes de la Universidad Estatal de Colorado, en Fort Collins, realizaron una manifestación frente a las oficinas del senador federal demócrata Michael Bennet, para agradecerle su apoyo a una reforma migratoria y pronunciarse en contra de la SB 1070.

En Phoenix, más de mil estudiantes de las escuelas preparatorias Trevor Brown, César Chávez y Maryvale, entre otras, se congregaron al mediodía de este jueves frente al Capitolio estatal, donde en los últimos días se han centrado las protestas en contra de la iniciativa.

Las manifestaciones son convocadas por los estudiantes casi en forma espontánea a través de mensajes de texto y de las redes sociales en internet, donde de hecho ya se ha anunciado que las protestas continuarán en los próximos días.

La SB 1070, aprobada ya por la legislatura estatal, está en espera de la firma o el veto de la gobernadora de Arizona, que tiene hasta las 5 p.m. de este sábado para pronunciarse.

La iniciativa contempla amplias medidas contra la inmigración ilegal, incluyendo considerar como delito el permanecer en el país sin documentos migratorios.

La propuesta facultará también a las policías locales a determinar el estatus migratorio de una persona si existe una sospecha razonable de que se encuentra de manera indocumentada en el país.

Ante las continuas protestas en Phoenix, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, conocido por su posición anti inmigrante, urgió a la gobernadora a firmar la iniciativa tan pronto como sea posible.

Los opositores a la iniciativa planean realizar el próximo domingo un mitin frente al Capitolio, en caso de que la propuesta sea promulgada por la gobernadora. La concentración sería encabezada por el congresista federal demócrata Luis Gutiérrez, entre otros.

Este jueves, funcionarios y empresarios turísticos y de servicios de Arizona expresaron su preocupación sobre un potencial daño a la economía de la entidad en caso de que la propuesta anti inmigrante sea promulgada.

“No veo nada bueno para el turismo en esto”, dijo Bruce Lange, ex director de la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle, que congrega a los hoteleros de Phoenix.
“Es una de esas cosas que hace sentir incómoda a la gente. Y cuando la gente se siente incómoda, es más fácil decir, no quiero ir ahí”, añadió.

El congresista federal demócrata Raúl M. Grijalva, quien ha descrito a la iniciativa como “racista”, ha propuesto un boicot económico a la entidad en caso de que la propuesta sea convertida en ley.

Los hoteleros temen que se decrete un boicot a Arizona, similar al que se efectuó hace 20 años, cuando esa entidad se negó a conmemorar el día nacional en memoria de Martin Luther King.

El boicot obligó entonces a las autoridades de Arizona a ratificar y oficializar la celebración en ese estado.

En el orden internacional el gobierno de Estados Unidos comparte la preocupación expresada por México en torno a la ley del estado de Arizona, manifestó hoy el Departamento de Estado.

“Compartimos esa preocupación, pero al final la solución a esto es una reforma nacional de inmigración”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley.

Expresó que la administración del presidente Barack Obama “quiere avances en la reforma migratoria” y recordó que en varias oportunidades la secretaria de Estado, Hillary Clinton, también se ha pronunciado en el mismo sentido.

El asunto “se ha convertido en una prioridad”, indicó Crowley, quien reiteró la petición del gobierno para que el Congreso “apruebe una reforma migratoria” que resuelva “muchos de estos asuntos.
Por otra parte Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de representantes, señaló que una propuesta de reforma migratoria integral debe comenzar en el Senado.

“El proyecto de ley de inmigración debe comenzar en el Senado”, sostuvo Pelosi, al indicar que si la cámara alta está lista con un proyecto “no queremos que nadie lo retenga por ninguna razón y nos complacería recibirlo en la cámara” baja.

Ante una pregunta de la prensa sobre si en la Cámara de Representantes se cuentan con votos suficientes para una eventual aprobación de la medida, Pelosi respondió: “así lo creo”.
La líder demócrata defendió además los esfuerzos que se llevan a cabo sobre los temas de la seguridad energética y el cambio climático.

Afirmó que ambos asuntos “son esenciales” para la seguridad nacional en la reducción de la dependencia del petróleo extranjero, una mayor competitividad internacional y la creación de “trabajos verdes”.

El pasado 10 de abril, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, dijo a grupos proinmigrantes que impulsará pronto un cambio a las leyes de inmigración.

Activistas pro-inmigrantes han redoblado su presión a la Casa Blanca y al Congreso tras la aprobación de la ley en Arizona, pendiente de promulgación por parte de la gobernadora Jan Brewer, que criminaliza la inmigración indocumentada.

El senador demócrata Charles Schumer y su colega republicano Lindsey Graham anunciaron en marzo pasado una iniciativa bipartidista de reforma migratoria, pero activistas esperan que presenten un proyecto de ley para su votación en el Senado.
Fuente de información : Long Island al día.
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS LAMENTÓ NORMA APROBADA EN ESTADO DE ARIZONA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su profunda preocupación por la nueva ley de inmigración que criminaliza a los indocumentados en el Estado de Arizona. (EE.UU.) y que se aprobó la semana pasada.
En un comunicado , la CIDH manifestó su preocupación ante "El alto riesgo de discriminación racial" en la implementación de la ley y por el hecho de que criminaliza la presencia de indocumentados.
En este sentido, recordó que las normas internacionales establecen que la detención debe aplicarse sólo de manera excepcional y después de haber analizado, en cada caso, su necesidad y proporcionalidad.
Tal como la CIDH lo indicó en julio de 2,008 en una resolución sobre la "Directiva de Retorno" adoptada por le Parlamento Europeo el 18 de junio de ese año, los estados debe evitar la prolongación excesiva de la detención en todos los casos, y deben asegurar que sea lo más breve posible.
Asimismo, la detención debe ser ordenada por la autoridad competente, que por regla general debe ser un juez , reiteró.
La CIDH admitió que el derecho internacional reconoce que los países pueden establecer mecanismos para controlar el ingreso y la salida de extranjeros de su territorio, pero subrayó que las acciones en este sentido deben realizarse dentro del pleno respeto a los derechos de las personas afectadas.
Además, que los principios fundamentales como la no discriminación y los derechos a la libertad e integridad personal no pueden subordinarse a la implementación de los objetivos de las políticas públicas.
EFE.
Versión in english:
By CNN
Democrats call for elimination of Arizona's new immigration law:
Washington (CNN) -- Congressional Democrats made an impassioned plea on the steps of the U.S. Capitol on Wednesday for Arizona's new immigration law to be overturned, citing constitutional concerns and other implications for the country.

"This law must be overturned -- either legally, politically or with the economic consequences that are beginning to happen to Arizona already because of the law," said Rep. Raul Grijalva, co-chairman of the Congressional Hispanic Caucus.

The request comes amid a heated debate on Capitol Hill of a comprehensive immigration reform bill -- one of President Obama's top domestic priorities.

Grijalva, who represents Arizona in the House, said the law in his state may be particular to Arizona, but "the implications, the precedent and the Pandora's box that's being opened in Arizona applies to the rest of the nation. ... This is a harbinger of things to come."
He called on Obama and the Department of Justice to join in the fight and pursue legal options, adding that this is an issue that needs to be dealt with federally and not by individual states.

Obama told reporters Wednesday that the nation needed a comprehensive plan to deal with immigration reform, rather than what he called "shortcuts" that can polarize the nation.

"What I think is a mistake is when we start having local law enforcement officials empowered to stop people on suspicion that they may be undocumented workers," Obama said.

"It's a matter of political will," the president said. "Now, look, we've gone through a very tough year, and I've been working Congress pretty hard. So I know there may not be an appetite immediately to dive into another controversial issue. There's still work that has to be done on energy. Midterms are coming up. So I don't want us to do something just for the sake of politics that doesn't solve the problem. I want us to get together, get the best ideas on both sides, work this through, and when it's ready to go, let's move. But I think we need to start a process at least to open up a smarter, better discussion than the one that is raging right now."

Attorney General Eric Holder said Tuesday that a federal court challenge to the law isn't out of the question.
Holder said the Justice Department was working with the Department of Homeland Security to "decide exactly how we are going to react to it."

Rep. Nydia Velazquez, chairwoman of the Congressional Hispanic Caucus, said that the group of House Democrats -- including members of the Congressional Asian-American, Hispanic, Black and Progressive caucuses -- is united in opposition to the law.
It is irresponsible for any city, state or elected official to legalize racial profiling and discrimination. That is exactly what the governor of Arizona and the Republican-controlled legislature had done," the New York Democrat said.
She added: "This shortsighted law is a step backward in our nation's ongoing struggle to provide civil rights for all. This bill will not make our borders more secure, but it will open the door to discrimination and racial profiling. [It] panders to the worst elements of our national dialogue."

Scheduled to go into effect 90 days after the close of Arizona's legislative session, the law would require immigrants to carry alien registration documents at all times and require police to question people if there's reason to suspect they're in the United States illegally. Before the law's enactment, officers could check someone's immigration status only if that person was suspected in another crime.

On Monday, Arizona Gov. Jan Brewer said an executive order accompanying the law will require additional training for officers on how to implement the law without engaging in racial profiling.
Rep. Joe Baca, a California Democrat, called for a boycott of all travel to Arizona. "I personally will not be traveling through Arizona until we repeal this legislation," he said.

Rep. Luis Gutierrez, D-Illinois, later blamed South Carolina Republican Sen. Lindsay Graham for holding up progress on efforts to pass comprehensive immigration reform this year.

Graham was upset when Senate Majority Leader Harry Reid said the Senate would take up immigration instead of climate change after completing action on financial reform.

In an interview with CNN on Wednesday, Graham said pushing an immigration bill now is fruitless because it's "not going to pass."

"To bring it up now would do a lot of damage to the future of immigration reform, something I care about, and it makes energy and climate [legislation] impossible" he said.

Graham, the only leading Republican who has been working with the White House on the contentious climate change issue, walked out of those talks Saturday.
Reid reversed course Tuesday and said the climate change bill will be considered next, meaning immigration reform was pushed back to the next spot in line.

The last major effort to overhaul immigration in 2007 fell apart in the Senate, and there are many other bills passed by the House that await Senate action.

Gutierrez predicted that immigration rallies scheduled to take place in 70 cities this weekend would generate momentum across the country to move a bill this year.

Velazquez said in the coming days or weeks, she will meet with Democrats and Republicans to develop comprehensive immigration reform legislation.

"The CHC wants a bill that secures our borders, creates a reliable employer verification system, unites families, requires immigrants to learn English and mandates that immigrants pay their fair share. The time for action is now. We cannot wait any longer."

Earlier in the day, a largely Republican group of House lawmakers said it had sent a letter to Obama asking for the National Guard to be deployed along the border between the United States and Mexico.
"We want the National Guard on the border," said Rep. Ted Poe, R-Texas. "This country protects the borders of other nations better than it protects our own border."

Poe and a handful of other lawmakers said the Mexican border has become a virtual war zone, plagued by violence from Mexican drug cartels expanding their reach into the United States. They also said border state governors have made similar requests for a National Guard deployment.

Local sheriffs and border agents are "outmanned, outgunned and outfinanced" by the cartels, Poe said.
"Right now, the cartels dominate [the border region] through violence and intimidation," said Rep. Dan Burton, R-Indiana. "It is long since time to protect our populations on the southern border."

Rep. Gabrielle Giffords, D-Arizona, said her constituents were "sick and tired" of the federal government failing to protect the border. The current situation is "completely unacceptable," she said.

Giffords defended the Arizona law. She acknowledged the concerns about the bill's constitutionality but said it is a "clear calling that the federal government needs to do a better job" securing the border.

Read more about the law
Critics say the the new Arizona law might promote racial profiling and is in conflict with federal law.

"This is about the Constitution of the United States. And this is about making sure that people have equal protection under the law," said the Rev. Al Sharpton, a civil rights activist. "And if you are a Latino in Phoenix, you should not be subjected to having to ride around with citizenship papers any more than anyone else."

Supporters say the measure is needed because the federal government has failed to enforce its own immigration laws.

Maricopa County, Arizona, Sheriff Joe Arpaio said the new law is another tool that law enforcement has in cracking down on illegal immigration.

"And we have a big problem in this state and across our nation. Something has to be done," Arpaio told CNN's Larry King. "The federal government needs help. And we're here to help."
CNN.
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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